El requisito del plurilingüismo ha vuelto a dejar en la calle a varios cientos de trabajadores de las Islas Baleares. No conocer el catalán ha sido motivo suficiente para despedirlos de su trabajo. Lo peor no es que no sepan catalán, sino que ha primado ese conocimiento por encima de la experiencia, es decir, para este gobierno es prioritario hablar el catatán que desarrollar bien su trabajo y saber qué se está haciendo en todo momento. Éste es un punto muy negativo a tener en cuenta pero no nos olvidemos de otro que lleva mucho tiempo dormido dentro de la sociedad y puede despertar en cualquier momento, más aún en estos malos tiempos en los que los ciudadanos buscan un trabajo estable a toda costa. Me refiero al intercambio de ciudadanos entre comunidades a la hora de poder opositar.
Si quieres opositar en comunidades autónomas donde exista una lengua oficial, un requisito muy básico que se va a exigir será el conocimiento de dicha lengua. Si esa lengua está reconocida oficialmente y contemplada dentro de su estatuto de autonomía, pues habrá que "pasar por el aro" sin más, y aprenderla para obtener un certificado, que será condición imprescindible para poder optar a dicho puesto de trabajo una vez aprobada la oposición. Pero, ¿qué ocurre al revés?, una comunidad autónoma sin lengua oficial. En dicha comunidad autómona se podrá presentar cualquier ciudadano, sea de la comunidad autónoma que sea, sin requisitos adicionales, sin impedimentos adicionales, sin imposiciones adicionales. Simple y llamanamente, tendrán las mismas posibilidades de ocupar un puesto de trabajo en esa comunidad que cualquier otro ciudadano, no así en el caso contrario.
Si a esto le añadimos que el requisito de la lengua ha sido promovido y aprobado por los sindicatos pertinentes de dicha comunidad autónoma, el problema vá más allá. Un mismo sindicato con el mismo nombre a nivel nacional tiene distintas varas de medir según en qué comunidad atónoma actúe, defendiendo de diferente manera a sus mismos afiliados, dándoles mayores oportunidades a unos que a otros.
Resultado: el que pierde es siempre el trabajador, se mire por donde se mire y, como no, los trabajadores de aquellas comunidades autónomas menos favorecidas, por no decir más pobres, gracias a actuaciones políticas y sindicales como la comentada.
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